"Mejorar la difusión e implementación de medidas socio-educativas en los sistemas de justicia juvenil latinoamericanos"
Duración del proyecto: enero 2009-deciembre2011
Organizaciones:
Brasil: INBRADESE (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social e Educacional)
Colombia: AVANZAR (Fundación para el Desarrollo del Conocimiento) y los Religiosos Terciarios Capuchinos
Ecuador: Religiosos Terciarios Capuchinos
Guatemala: ICCPG (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales)
Perú: COMETA (Compromiso desde la Infancia y la Adolescencia) y OPA (Observatorio de Prisiones Arequipa)
Objetivo general:
El proyecto implementado en 5 países de América Latina pretende generar un cambio profundo en las prácticas y en los sistemas de justicia juvenil, para hacerlos conformes a las principales herramientas de derecho internacional y nacional, entre los cuales la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales sobre niñez que, en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú, rigen su implementación local. Asociar el niño en conflicto con la ley, su familia y comunidad, las autoridades públicas y judiciarias, a la implementación efectiva de procesos de reinserción socio-familiar.
Objetivos específicos:
1. Aumento y mejora en los 5 países de la cualidad de los programas socio-educativos basados sobre las legislaciones nacionales e internacionales vigentes en materia de justicia juvenil.
2. Mejora positiva de las pautas de crianza aplicadas por las familias de los niños en conflicto con la ley. Consolidación a partir de las familias de la resocialización del niño.
3. Disminución de la estigmatización negativa de los niños infractores y facilitación de su reinserción social. Aumento del recurso a las medidas no privativas de libertad y de desjudiciarización.
Actividades previstas:
- Talleres sobre pautas de crianza, educación a los valores humanos y principios éticos, con los niños en conflicto con la ley y su entorno familiar;
- Revisar y validar los módulos de capacitación, capitalizar la experiencia, difundirla y apoyar su reproducción;
- Realizar visitas de seguimiento a domicilio con los niños en conflicto con la ley y sus familias;
- Apoyar la construcción y la implementación de sus proyectos de vida;
- Crear un Centro Info-Justicia Juvenil (asistencia legal para los niños en conflicto con la ley y sus familias - Guatemala);
- Campañas de información/sensibilización sobre justicia juvenil y reinserción socio-familiar;
- Construir/realizar otras actividades de información/sensibilización: concurso nacional de afiches/historias de vida de niños en conflicto con la ley, seminarios nacionales, encuentros entre niños en conflicto con la ley y decidores políticos, creación de redes de organizaciones de la sociedad civil, etc.;
- Capitalizar, publicar, difundir los resultados del proyecto a nivel del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y los Adolescentes;
- Capacitación de los equipos técnicos locales de los centros educativos para niños privados de libertad;
- Revisión y validación de los módulos de formación, capitalización de las experiencias, difusión y apoyo a su reproducción;
- Realizar un estudio sobre aspectos legales e institucionales de la justicia juvenil y difundirlo entre los profesionales;
- Con la universidad, crear un Diploma en Justicia Juvenil y Reinserción Socio-familiar (Perú);
- Organizar seminarios nacionales de capacitación/intercambio entre jueces, defensores, autoridades públicas, etc;
- Organizar dos foros regionales de capacitación/intercambios entre jueces, defensores, autoridades públicas, etc;
- Organizar una visita de estudio del sistema catalán de justicia penal juvenil para los funcionarios / responsables de la justicia juvenil de los 5 países de implementación del proyecto;
- Construir redes nacionales de instituciones para sostener las medidas en medio abierto y la construcción de prácticas locales de mediación penal juvenil.
Beneficiarios:
- 2500 niños en conflicto con la ley/privados de libertad
- 5000 miembros del entorno familiar de los niños en conflicto con la ley (padres, madres, profesores, etc.)
- 600 personas de los equipos técnicos de los centros de rehabilitación que trabajan con niños en conflicto con la ley y/o privados de libertad en los países/regiones afectados por el proyecto
- 1650 operadores del sistema de justicia juvenil (jueces, fiscales, autoridades locales, etc.)
- 10 defensores
- 250.000 miembros de las comunidades/sociedad civil